La política impulsada por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe para cobrar fuertes multas a familias de menores involucrados en amenazas falsas a escuelas ya enfrenta su primer desafío en la Justicia. Un abogado presentó una impugnación formal contra una intimación oficial que exige a los padres de un adolescente el pago de más de seis millones de pesos por un episodio ocurrido en la capital provincial.

El planteo judicial fue realizado por el abogado Rodolfo Mingarini, quien representa a una familia cuyo hijo, de entre 12 y 13 años, participó presuntamente de un reto viral que derivó en la aparición de un mensaje intimidatorio. Según explicó la defensa, el hecho sucedió fuera del establecimiento educativo y fue admitido rápidamente por el propio menor ante sus padres y las autoridades escolares.

La controversia gira en torno a la legalidad del mecanismo elegido por el Ejecutivo provincial para reclamar el dinero. Desde la defensa sostienen que el Estado no puede fijar de manera unilateral una sanción económica de semejante magnitud sin la intervención previa de un juez.

Mingarini argumentó además que el episodio no reúne los elementos necesarios para configurar el delito de amenaza. “No hubo una intimidación concreta ni una situación real de coerción”, sostuvo el letrado, quien remarcó que la nota fue hallada en un estacionamiento y no dentro del edificio escolar.

Según la presentación judicial, el adolescente reconoció lo ocurrido, pidió disculpas y el conflicto fue contenido dentro de la comunidad educativa sin consecuencias mayores. Aun así, la familia recibió posteriormente una notificación oficial en la que se le reclama el pago de una suma superior a los seis millones de pesos, con un plazo de apenas cinco días para cancelarla.

La defensa también cuestionó la falta de precisiones sobre cómo se calculó el monto reclamado. De acuerdo con el abogado, en el operativo intervino solamente un patrullero, por lo que considera desproporcionada y arbitraria la cifra exigida por el Ministerio de Seguridad. “No hay detalle de gastos ni fundamentos claros sobre el importe”, señaló.

Otro de los ejes del reclamo apunta a la responsabilidad de los padres. Para el planteo judicial, la responsabilidad penal es personal e intransferible, por lo que no puede extenderse automáticamente a la familia. Y si existiera eventualmente una responsabilidad civil, agregan, esta debería ser establecida mediante una resolución judicial y no por decisión administrativa.

La ofensiva del gobierno provincial contra las amenazas falsas surgió en respuesta al incremento de episodios en escuelas santafesinas, muchos de ellos vinculados a bromas o desafíos difundidos en redes sociales. Desde la cartera de Seguridad sostienen que las sanciones económicas buscan desalentar estas conductas y recuperar el costo de los despliegues policiales y operativos que cada alerta implica.

El caso ahora podría convertirse en el primer antecedente judicial que delimite hasta dónde puede avanzar el Estado provincial en la aplicación de este tipo de medidas.