Tras la imputación de tres exempleados de la Municipalidad de Cañada de Gómez, acusados de desviar al menos 76 millones de pesos pertenecientes a la Caja de Jubilaciones propia de la ciudad, el intendente Matías Chale adelantó que desde su gestión buscarán recuperar la totalidad del dinero sustraído al Estado.

“La intención es recuperar hasta el último centavo”, aseguró Chale este martes en contacto con Radiópolis (Radio 2) y señaló que algunos tienen patrimonio con los que responder.

Según detalló el mandatario municipal, la principal acusada del fraude es una mujer que había sido nombrada por decreto como encargada de la entidad previsional en agosto del 2023, por la anterior gestión. Con la presunta colaboración de su marido y de otra auxiliar que trabajaba en el sector, lograron transferir fondos públicos hacia cuentas bancarias personales entre noviembre de 2023 y el mes de junio último, fecha en la que las autoridades detectaron las irregularidades mediante una auditoría interna y procedieron de inmediato a apartarlos.

El desvío del dinero se realizaba aprovechando una falencia estrictamente técnica del sistema bancario que permitía modificar los datos de los lotes de transferencias institucionales. “Se podía tener un nombre de un jubilado o pensionado, vivo o fallecido y cambiar el número de cuenta al cual iba destinado el sueldo o la pensión”, precisó el intendente.

Además de utilizar irregularmente las identidades de personas ya fallecidas para apropiarse de los fondos, los agentes imputados recurrían a una maniobra que involucraba de manera directa a los adultos mayores. Según relató Chale, desde la entidad le transferían a los jubilados reales sumas de dinero superiores a las que correspondían por ley. Posteriormente, aprovechando una relación de suma confianza personal, la encargada les informaba que se había tratado de un error y les pedía la devolución del excedente de forma física. Los propios jubilados, incluso, se percataban del error y en buena fe regresaban el excendente, siempre en billete. “Tenían recibos firmados de que le habían devuelto dinero en efectivo en mano”, observó.

Frente a la magnitud del desfalco, las autoridades municipales actuaron con el bloqueo de todas las claves de acceso, la apertura de un sumario interno para investigar responsabilidades administrativas, y la correspondiente denuncia formal ante la Justicia, que recayó en manos del fiscal Santiago Tosco.

Por otra parte, descartó inconvenientes para el pago de los haberes de este mes y garantizó la solvencia del organismo. Explicó que los 76 millones desviados, pese a la gravedad del hecho, no ponen en riesgo la sustentabilidad de la Caja, dado que cuentan con una planilla de jubilaciones y pensiones mensual superior a los 300 millones de pesos.