El Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó este jueves a una decena de personas denunciadas por venta de drogas en el barrio Plata de Rosario y seis de ellas continuarán privadas de su libertad. Entre estas últimas aparece una expareja de Guille Cantero, identificada como una de las organizadoras del negocio ilegal.

Silvina D. quedó bajo prisión preventiva efectiva por 90 días con la posibilidad de acceder a un régimen de arresto domiciliario en el marco del proceso penal. La fiscal Alejandra Raigal la ubicó como una de las principales sospechosas dentro de una causa sobre microtráfico de cocaína y marihuana en la zona sudoeste.

De acuerdo a la evidencia presentada por la funcionaria judicial, la banda operaba en ese sector al menos desde inicios de 2025. La mayoría de los imputados fueron detenidos el último 5 de marzo durante una serie de allanamientos solicitados por el MPA. Una semana después, la jueza Luciana Vallarella autorizó la liberación de cuatro personas con medidas cautelares alternativas a la cárcel.

¿Por qué imputaron a la expareja de Guille Cantero?

Los investigadores creen que la mujer imputada como coautora de comercio organizado de estupefacientes tenía una función clave en la red ilegal. De acuerdo a esta hipótesis, era la encargada de mantener el control territorial en barrio Plata y no sólo decidía quién podía vender drogas, sino también cuál era el precio a pagar en ese sector de la ciudad.

La expareja del exjefe de Los Monos coordinaba dónde se instalaban los búnkeres para atender a los compradores de cocaína y marihuana, generalmente en viviendas usurpadas. Al igual que en otros rincones de Rosario e incluso en otras causas ligadas a la misma zona, sus permisos para trabajar costaban dinero y también se quedaba con una parte de la recaudación.

Mientras Silvina D. se hacía cargo de monitorear el movimiento de los vendedores, un preso de la cárcel de Piñero colaboraba como nexo para conseguir la mercadería. Además, Miguel N. establecía las pautas para fraccionar las sustancias ilegales y ordenaba tanto pagos como sanciones entre las condiciones con las que regulaba la actividad desde el penal.

El recluso de la Unidad Penitenciaria 11 contaba con la ayuda de Joel N. para obtener la droga y distribuirla en dosis más pequeñas. Su pareja Tamara A. también intervenía en esta tarea. Después, Norma R. podía guardar la mercadería en su casa de forma ocasional, aunque la mayoría de las veces dejaban el producto en manos de Rosa N. para la venta. Esta última también se ocupaba de pagarle su parte a la mujer que controlaba el barrio.

Menores de edad involucrados en la venta de drogas

Entre otros domicilios, el MPA detectó un punto de comercialización en Las Flores al 3000, a pocas cuadras del cruce de Lamadrid y avenida Francia. Al mismo tiempo, este lugar solía utilizarse para fraccionar la cocaína y la marihuana, de acuerdo a la investigación de la unidad especializada en Microtráfico del MPA.

Tras escuchar a las partes, la jueza Vallarella dictó la prisión preventiva efectiva por un año para Miguel N., Joel N., Tamara A. y Rosa N.. Esta última fue considerada partícipe necesaria del comercio organizado de estupefacientes, agravado por servirse de menores de 18 años o en perjuicio de ellos. En el caso de Norma R., la magistrada admitió la posibilidad de implementar el arresto domiciliario.

Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal, la fiscal Raigal también imputó a Débora N., Diego N., Maira A. y Horacio R. como partícipes secundarios del negocio ilegal, de modo que no se aplicó una medida cautelar de cárcel. Todas estas personas integraban el circuito de narcomenudeo y se alternaban por turnos para la venta. Cada una obtenía ganancias de acuerdo a su nivel de recaudación.