La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio media sanción este jueves al proyecto de ley que unificó nueve iniciativas de distintos partidos políticos, incluido el peronismo (a través de Celia Arena y Lucila de Ponti), el oficialismo (con la firma de Lionella Cattalini) y los distintos espacios celestes que conforman Amalia Granata, Natalia Armas Belavi y Juan Argañaraz, así como una propuesta del Poder Ejecutivo y aportes de la mesa de trabajo convocada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Entre los principales cambios, la iniciativa establece la inscripción en el Registro desde el momento en que existe una cuota alimentaria fijada judicialmente. Además, define las categorías de personas morosas y morosas agravadas según la cantidad de cuotas adeudadas: dos cuotas dentro de un año para la primera categoría y seis para la segunda. En este último supuesto, se prevé que el juez disponga de oficio la inhibición general de bienes

El nuevo registro pasa ahora a la órbita del poder Ejecutivo y no depende más del poder judicial. Esto permite elaborar y publicar informes estadísticos periódicos sobre el deber de cumplimiento de cuota alimentaria

Además contempla restricciones para acceder a cargos públicos, postularse a candidaturas y obtener determinados beneficios tributarios. Asimismo, establece prohibiciones de ingreso a casinos, bingos, salas de juego y plataformas de apuestas en línea, además de impedir el cobro de premios.

A su vez, incorpora mecanismos de control e intercambio de información entre organismos estatales, privados, la Justicia y empleadores privados, con el objetivo de detectar situaciones de incumplimiento y fortalecer el seguimiento de las obligaciones alimentarias.

“Cuando la cuota no se paga, alguien igual tiene que resolver la comida, la ropa, los útiles y los remedios. Y, en la enorme mayoría de los casos, esa responsabilidad recae sobre las mujeres. Esta ley les da a la Justicia y al Estado herramientas para que quienes incumplen sus obligaciones enfrenten consecuencias reales”, sostuvo la diputada Arena al justificar la iniciativa.

La legisladora destacó además la importancia de avanzar hacia un sistema que permita hacer efectivo el derecho alimentario y que reconozca que detrás de cada incumplimiento hay niñas, niños y adolescentes cuyos derechos deben ser garantizados.

Minutos antes, la diputada Cattalini recordó que según datos de Unicef, «el 56 por ciento de las madres que no viven con su pareja no reciben la cuota alimentaria, mientras que el 68 por ciento de las que perciben las obligaciones alimentarias, lo reciben de manera irregular». También comentó que, bajo el nuevo régimen, «los morosos lo serán desde el segundo incumplimiento, y serán catalogados de ‘agravado’ a partir del sexto».

«Es una ley que aportará a mejorar la situación de miles de madres que van a mejorar su situación respecto a que se cumpla con la cuota alimentaria. Esto se discute por el enorme nivel de incumplimiento. Tener recursos y no pagar la cuota alimentaria es como abandonar un hijo», agregó a su turno la diputada de Ponti.

Finalmente, Argañaraz planteó que a su espacio no le interesa «entrar en una discusión entre el hombre y la mujer, porque son sujetos que pasan de ser amorosos a morosos». «No entramos en una perspectiva de género, sino que deberíamos pensar y legislar al más debil, que es el niño. Valoro las sanciones ampliadas», explicó.

Índice de Crianza

En la misma línea, Arena, junto a otras legisladoras, impulsó un proyecto para que el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) publique mensualmente un Índice de Crianza de Santa Fe.

La propuesta busca contar con un indicador propio que permita estimar cuánto cuesta criar a niñas, niños y adolescentes en la provincia, contemplando tanto los gastos necesarios para su desarrollo como el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

El objetivo es generar información pública que visibilice el costo de la crianza y contribuya a fortalecer las políticas públicas y la discusión sobre las responsabilidades alimentarias. El proyecto será tratado ahora por el Senado provincial.

Para cerrar, Arena sostuvo que “el proyecto propone medir el tiempo de cuidado. Cuando hablamos de cuánto cuesta criar a un hijo, solemos pensar en la comida, la ropa o la escuela. Pero hay un costo que no figura en ningún ticket: el tiempo. Las horas de cuidar, llevar y traer, quedarse cuando hay fiebre o acompañar una tarea. Ese tiempo lo aporta, casi siempre, una mujer, a costa de su trabajo, su descanso y sus ingresos”.

El Código Civil y Comercial ya reconoce que las tareas cotidianas de quien cuida tienen un valor económico y constituyen un aporte a la manutención. Lo que falta es que el Estado pueda medirlo.

“Eso propone el Índice de Crianza: que Santa Fe mida todos los meses cuánto cuesta criar, incluido el tiempo de cuidado, para que ese trabajo deje de ser invisible y nadie pueda decir en un juzgado que quien cuida no aporta”, sostuvo Arena.